Los edificios de oficinas centran la inversión inmobiliaria en Catalunya en 2019

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Por segundo año consecutivo, en 2019 los inversores inmobiliarios optaron por destinar su capital a las edificaciones de superficies comerciales en detrimento de las destinadas a la vivienda. En Barcelona, la principal operación en este sentido fue la venta de Torre Telefónica al grupo filipino Emperador.

Las cifras de la inversión inmobiliaria en Catalunya correspondientes a 2019 confirman que el mercado inmobiliario catalán es uno de los más activos de España. Durante este año, Catalunya se ha consolidado como destino inversor de primer nivel entre las principales ciudades europeas. La recuperación de la actividad económica en la capital catalana y la rotación de productos sujetos a inversión han favorecido en gran medida la dinamización del mercado.

La inversión en oficinas y centros logísticos es la que despierta el mayor interés por parte de los inversores del mercado inmobiliario, la gran mayoría de los cuales son internacionales. Según un informe elaborado por la consultora Savills Aguirre Newman, estos datos tan positivos se sustentan en dos aspectos fundamentales. El primero son los bajos tipos de interés de la zona Euro, que atraen a grandes inversores del mercado asiático. Y, el segundo, uno de los principios básicos para el buen desarrollo de la actividad comercial, la poca oferta combinada con la fuerte demanda.
La inversión realizada en la capital catalana en 2019 se sitúa en 2.816 millones de euros, un 44% más que en 2018. Esta cifra se apoya en la venta de una elevada cantidad de edificios de gran tamaño y permite afrontar el próximo año con optimismo.

Estos buenos datos contrastan con el freno en la inversión en nueva vivienda residencial que, según un informe del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, se verá frenada por el impacto de la entrada en vigor de una nueva normativa municipal que impone la reserva del 30% de la nueva vivienda residencial para viviendas de precio asequible y también por el decreto de la Generalitat que obliga a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social a las personas vulnerables.

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