El sector inmobiliario quiere ser el motor de la reactivación económica para salir de la crisis provocada por el coronavirus. Para ello, desde la Asociación de Promotores y Constructores de Catalunya (APCE) han planteado una serie de medidas a las Administraciones Públicas, que persiguen generar nuevos puestos de trabajo e ingresos fiscales a la vez que cubrir las necesidades de vivienda de la población.

En una conferencia de prensa telemática, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Catalunya, Lluís Marsà, ha pedido a las administraciones locales la creación de un plan de choque para reactivar el sector inmobiliario y convertirlo en el primer eslabón de la reactivación económica. Para ello, han presentado un paquete de medidas agrupadas bajo el eslogan: “Reconstruyendo el sector también reconstruimos Catalunya.”

Las entidades promotoras plantean medidas que no supondrían ningún coste público y que se podrán aprobar de forma inmediata, como agilizar la tramitación de licencias urbanísticas y licitar suelo público para que las empresas privadas puedan construir viviendas sociales de alquiler en régimen de concesión. De este modo, según la APCE, se podrán llegar a crear 60.000 puestos de trabajo y un nivel de ingresos fiscales alrededor de los 1.500 millones de euros.

También destaca la petición de un pacto público-privado entre la Generalitat, los Ayuntamientos y los promotores, que promueva la creación de un parque de vivienda de venta y alquiler que contemple tres tipologías de vivienda: libre, protegida y social. Los promotores reclaman la cesión del derecho de superficie edificable y poder gestionar la promoción de la vivienda protegida en régimen de alquiler accesible durante un periodo determinado, al fin del cual la superficie y la edificación revertirían en la Administración.

En el paquete de medidas, se reclama la reducción del IVA de las cesiones de derechos de superficie, del 21% actual a un 10%, y la revisión de los precios máximos de venta y alquiler.

Como última medida, desde la APCE se ha reclamado al Ayuntamiento de Barcelona la retirada de la obligatoriedad de reservar el 30% de las nuevas promociones de viviendas a fines sociales. El argumento para formular esta petición es que esta medida consigue el efecto contrario del esperado, haciendo disminuir la oferta de nueva vivienda.